Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
ISSN 2347-081X
http://www.revistas.unp.edu.ar/index.php/textosycontextos
2021. Núm. 9. 45-60
Elementary notions to the understanding of the Regional Economy
Jorge Sánchez
UNPSJB
Fecha de recepción: 18 de marzo de 2021
Fecha de aprobación: 18 de junio de 2021
Fecha de publicación: 31 de julio de 2021
Para citar este artículo: Sánchez, Jorge (2021). Nociones elementales a la comprensión de la Economía Regional. Textos y Contextos desde el sur, Número 9, 45-60.
La relación entre las instituciones y los procesos de mercado reales en el entorno regional explican la capacidad efectiva para crear riqueza en términos de niveles de actividad y empleo. Un sistema político sin control social efectivo sobre el uso de los recursos públicos y sobre el endeudamiento da cuenta de un estado controlado por elencos de gobierno que construyen poder político a partir del intercambio de caudal electoral por posiciones de gobierno, influencia e incluso prebendas que pueden incluir la impunidad. La orientación resultante del estado es a la captura de rentas antes que a la generación de riqueza, cuando es esta la que determina los niveles de actividad y empleo. La coordinación resultante entre las organizaciones que pueden canalizar información, financiamiento y tecnología a nuevos proyectos empresarios es insuficiente para reconocer sus relaciones como un ecosistema empresarial. Esta situación es particularmente grave de cara a las transformaciones económicas que la crisis sanitaria ha acelerado y que se conjuga con la habitual volatilidad económica nacional. La comprensión acabada de estos fenómenos dará cuenta de manera realista de las posibilidades de movilizar recursos hacia nuevas actividades e incluso de cómo operan en tanto fuente de desigualdad.
The relationship between institutions and real market processes in the regional environment explains the effective capacity to create wealth in terms of levels of activity and employment. A political system without effective social control over the use of public resources and indebtedness accounts for the state controlled by government constituencies that build political power on the exchange of electoral wealth for government positions, influence and even perks that may include impunity. The resulting orientation of the state is to capture income rather than to generate wealth, when it is this that determines the levels of activity and employment. The resulting coordination between organizations that can channel information, financing and technology to new business projects is insufficient to recognize their relationships as a business ecosystem. This situation is particularly serious in the face of the economic transformations that the health crisis has accelerated and which is combined with the usual national economic volatility. A complete understanding of these phenomena will realistically account for the possibilities of mobilizing resources towards new activities and even how they operate as a source of inequality.
Economía política, Economía regional, Desarrollo económico, Políticas públicas, Política de desarrollo, Promoción económica
Political economy, Regional economy, Economic development, Public policy, Development policy, Economic promotion
Este documento ordena las reflexiones que siguen a Enfoques y Limitaciones de Iniciativas de Desarrollo Local y Regional: el Caso de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, postulación que nos valió la Diplomatura en Políticas Públicas UNPSJB (2019). Se trató de un primer esfuerzo de conceptualización de lo que se pretende como ecosistema empresario. Su comprensión, esperamos, ofrece las nociones más apropiadas tanto al formulador de políticas sectoriales como al emprendedor de nuevos proyectos e inversores. Esto lo haremos en el programa de Doctorado en Ciencias Sociales FHCS-UNPSJB (Resolución CS 23/2018). Las ideas que en principio orientarán la investigación se han compilado en este documento sobre una selección de artículos originalmente publicados en RTN Noticias (https://rtn.com.ar/) durante 2019 y 2020. Se compone de siete títulos. El primero describe la relación entre instituciones y procesos de mercado en la región y cómo esta condiciona los ejes propios de la promoción del desarrollo, así como a las mismas instituciones y procesos de mercado. Bajo el título ¿Por qué no cambian las cosas ? se consignan, en un paso ulterior, los incentivos propios del sistema político regional y su impacto sobre el uso de recursos públicos. De cómo esto condiciona el futuro de la región es el objeto del siguiente, ¿Quién paga lo que no cambia ?. La orientación del estado hacia la captura de rentas antes que a la generación de riqueza es la característica en la región y con ese título se especifica en el apartado siguiente. Estas circunstancias condicionan la coordinación entre instituciones para apuntalar las actividades económicas, problematizado en Buscando la Articulación Correcta, dificultades que asocian el supuesto de una moral que, invocando una redistribución neutral de recursos, contribuye más al crecimiento de la burocracia y la captura de rentas que al de los niveles de actividad y empleo, El efecto inhibidor de la moral de estado. Los desafíos empresarios y de política sectorial resultantes son problematizados en Trascender la Improvisación. Nuestras conclusiones, finalmente, sintetizan estas consideraciones y especifican los objetos de indagación que abordaremos en lo sucesivo.
Las explicaciones usuales de fenómenos políticos y económicos se valen de relaciones de causa y efecto entre hechos o circunstancias que asumen la linealidad de los procesos y la consecuente posibilidad nomotética. En contraste, la interacción de los sistemas sociales se soporta en subjetividades que asocian valores y acciones entre agentes dispersos que se coordinan en procesos inciertos y emergentes. Su comprensión, o la del nivel meso como se conviene en llamar, puede conectar el corto y el largo plazo tanto como las dimensiones micro y macro de un sistema social que interese analizar (García et al., 2019).
El individualismo y subjetivismo metodológicos se presentan como recursos idóneos para explicar la interacción de los agentes en el nivel meso. Supone comprender sus motivaciones individuales al tomar decisiones, actuar y relacionarse con otros. La acción humana persigue por definición mejores niveles de satisfacción siguiendo preferencias temporales, cambiantes e incluso contradictorias que comprometen recursos al alcance y tiempo y que está condicionada por los incentivos que ofrecen las instituciones propias de cada tiempo y lugar (Zanotti, 2012).
Por un momento proponemos al lector que entienda a las instituciones como la manera habitual en que interactuamos en procura de lo que se llama coordinación social, abanico que va desde la elección de autoridades hasta simples convenciones de buen gusto. De la misma manera, le proponemos entender al mercado como un proceso entre compradores y vendedores que, en función de sus valoraciones, especulan y se proveen los bienes y servicios de su interés en situaciones que son cambiantes e influidas por una enorme gama de contingencias como la política económica nacional en un extremo, y las preferencias de moda en el otro.
Estas nociones, que son elementales, prestan buena referencia para entender las circunstancias que enfrenta lo que se llama ecosistema empresarial en el sur de Chubut (Argentina) que en su caso integra al norte de Santa Cruz. Por tal cosa, habitualmente se entiende un conjunto de procesos y funciones que prestan organizaciones públicas y privadas que, si son capaces de canalizar información, financiamiento y tecnología hacia proyectos empresarios, pueden impactar en términos de niveles de actividad, creación de empleo y, en general, sobre la generación de riqueza en el mediano y largo plazo.
Como es claro para todos los habitantes de la región, el patrón de desarrollo de la misma está soportado por la industria del petróleo y el gas que ha generado importantes cuotas de empleo y calificaciones laborales y, por algunas décadas más (aunque no tantas ya), asociará una enorme gama de servicio. Tal, su aspecto positivo. Contrastante resulta el poder de mercado propio de la industria, que determina, entre otras cosas, las relaciones con sus contratistas, se ha extendido a las relaciones laborales e importa generalmente la tecnología que emplea. Lo primero impacta en la fijación de precios de los servicios, en el desarrollo de las iniciativas empresarias y en su cultura. Lo segundo deviene en la determinante rigidez sindical del sector que ha modificado el mercado de trabajo regional e incluso facilita a los gremios la apropiación de recursos públicos, gracias a la provisión de caudal electoral que ofrece al sistema político local, objeto de siempre modesto control social. Lo tercero termina en un escaso incentivo para el desarrollo científico tecnológico regional aun cuando existan capacidades ciertas en este sentido. Es posible pensar en la industria local con características más propias de un mercantilismo de otra época que del capitalismo moderno.
Claro que puede cambiarse, pero supone inteligencia aplicada de manera colectiva. Una investigación reciente que analizó las políticas de desarrollo en la región muestra que nada de lo que se ha propuesto desde el estado tuvo impacto real en el patrón de desarrollo, ni promovió la transferencia de tecnología o financiamiento a otras actividades capaces de contribuir a la exploración de alternativas para la región. Esto no se explica por la inhabilidad de nadie, sino por la conjunción de una recurrente volatilidad macroeconómica con la simple desarticulación de esfuerzos, la improvisación que llevó a la incoordinación de las instituciones más relevantes para esto en la región y, en definitiva, por la inexistencia de una visión compartida sobre el futuro de la región que termina en la subutilización en unos casos y la dilapidación llana en otros de recursos, talento e incluso compromiso de mucha gente valiosa.
La tendencia del municipalismo en Argentina y Latinoamérica y un vistazo a los presupuestos provincial y municipales en Chubut, invitan a pensar que las responsabilidades sobre el desarrollo local tendrán a estas últimas por actores relevantes en lo sucesivo. El punto es elucidar cómo llevarán adelante semejante tarea. Sistema político y procesos de mercado nunca están escindidos. Como hemos visto, tampoco es el caso del sur de Chubut. Sus peculiaridades son las que hay que atender para ponderar de manera realista las iniciativas en adelante.
Son tres los ejes prioritarios que han de sostenerse en el tiempo para contribuir con el ecosistema empresario, según muestra con claridad el análisis comparado. Tópicos que en Patagonia Argentina no tienen aún evidencia de ser tal cosa. El primero es la atracción de talento a la economía, algo bastante distinto de ofrecer cursos como si fueran números artísticos. El segundo es atraer inversiones a la región. Enorme desafío considerando la contradicción de todos los pronósticos, en este sentido, para todo el país. Sin embargo es factible explorar las oportunidades que ofrece el capital privado para apalancar nuevos sectores vinculados incluso a los recursos naturales. Tercero, urge patrocinar investigación científica sobre áreas que configuren futura transferencia de tecnología, atraigan inversores y faciliten marcos normativos de nuevas actividades.
Ninguna puede ofrecer resultados importantes dentro de un solo período de gobierno provincial o municipal. Suponen consistencia técnica, constancia en el propósito y control social. Todo lo que se proponga desde el estado sin atender estas consideraciones tendrá limitaciones para trascender la mera retórica y por lo mismo tendrá problemas para sumar seriamente a sus chances de lograr cambios. Finalmente, sin trascender la retórica ni cambiar dimensiones ciertas de algo, se tratará estrictamente de más gasto público.
Es contrario al sentido común que un estado provincial emita deuda de manera sistemática hasta colapsar en el tiempo sus finanzas. Que comparta ingresos fiscales relacionados con una actividad económica con los gremios del sector cuando se trata de dinero de los contribuyentes. Que por tres años lectivos no se presten servicios educativos normalmente. Y, en contraste, que un prorrateo de costos anualizado sugiera una imputación por legislador de algo más de 40 millones de pesos.
De la misma manera parece ser desafiado cuando un presupuesto municipal establece 300 millones de pesos para deportes y 64 para alguna forma de generación de alternativas económicas. Parece sugerir en todo caso que se tiene claridad en cómo promover el deporte pero no el futuro. De hecho la mayor proximidad concreta a la tecnología de ciudades inteligentes parece ser, hasta la crisis sanitaria en la región, una aplicación para administrar el estacionamiento medido. Si hace 100 años los líderes imaginaban el futuro alrededor de la naciente industria del petróleo y las infraestructuras físicas, hoy lo debemos asumir alrededor de las industrias del conocimiento y las infraestructuras digitales. Pero ello no sucederá sin que pongamos foco y recursos en el futuro compartido de manera colectiva.
Así como la dirigencia no tiene los incentivos para trascender su propio interés corporativo y un enfoque cortoplacista de hacer las cosas, la ciudadanía, en tanto electorado, no tiene la información ni los instrumentos constitucionales para controlar de manera efectiva las decisiones públicas, que son generalmente tomadas siguiendo valoraciones subjetivas y parciales de la dirigencia puesta a administrar recursos públicos.
Los dispositivos de control institucionalizado –como las reglas de gasto o consultas abiertas– no están generalizadas y las audiencias públicas están referenciadas en los ciudadanos individualmente cuando la representación social de nuestra democracia está anclada en los partidos políticos. Eso explica su pobre participación habida cuenta, como hemos comentado antes, de que los partidos políticos son un vehículo funcional a las aspiraciones dirigenciales, pero lo son menos en cuanto a la generación de alternativas programáticas.
El ejercicio del poder bajo esas circunstancias deja de ser obediencial (Dussel 2009). Obedece menos a las demandas de la sociedad y centra el ejercicio del poder y la autoridad en sus propios intereses, en el mejor de los casos parciales y subjetivos. Fenómeno aludido como la fetichización del poder y facilitado por un modelo de construcción política que intercambia caudal electoral por lugares en los gabinetes o posiciones de influencia para sus referentes en transacciones generalmente distantes de la generación de alternativas programáticas.
Hacer que las cosas cambien no depende de la genialidad de un grupo, ni del tiempo o de una ideología. Depende de la introducción de prácticas efectivamente plurales en las instituciones de los gobiernos locales. La pluralidad supone el reconocimiento de la alteridad y el disenso. Este a su vez es condición de la generación de alternativas. Generando alternativas se aseguran medidas ciertas de inclusión. Ella hace fuertes a las instituciones y mejora los procesos que proveen la competitividad territorial. El desafío es eminentemente colectivo, no partidario ni sectorial. De ello sin embargo, depende que cambien las cosas.
Si las cosas que generalmente no satisfacen a la sociedad civil en tanto opinión pública o contribuyentes no cambian, parecen atinadas varias preguntas. Una importante es quién las paga. Hora de hilvanar las cosas que hemos venido discutiendo para ensayar una comprensión del asunto aunque sea provisoria y aunque admita en lo sucesivo más consideraciones, pero que en cualquier caso tiene ribetes que conviene repasar.
La primera conjunción que hemos venido discutiendo es la reducción de los partidos políticos a circuitos de aspiraciones de poder sin ámbitos de pensamiento programático. Esta última es una sustancia determinante para una región de condición periférica, sujeta a las transformaciones y contingencias generales pero, en lo particular, signada por la transformación de sus actividades económicas principales por efecto de la tecnología, algunos efectos que podrían imputarse a la crisis sanitaria, el cambio climático (como la salud de nuestros acuíferos) y una creciente complejidad social que algunas perspectivas señalan como efectos de la desigualdad.
En contraste, la región sur de Chubut parece carecer de ámbitos de problematización y debate capaces de proveer a la comprensión compartida de algunos de los fenómenos con mayor impacto sobre las coyunturas de la sociedad y las capacidades estatales para intervenir. Esto no parece ocurrir por carencia de talento o recursos formados. Incluso en algunos casos tampoco por falta de materiales. Puede que esto pueda atribuirse a la falta de incentivos de esas capacidades sobre aquellos problemas y el diseño de eventuales soluciones. Si no son los partidos políticos o las organizaciones no gubernamentales, nuestro recurso reside en las universidades locales, ciertamente con algunas advertencias, como es común al conjunto de las universidades nacionales, pero entre cuyos objetivos fundacionales se cuenta precisamente, y como dan cuenta algunos de sus investigadores, la promoción del desarrollo regional.
La segunda conjunción que hemos comentado es el sistema político y el liderazgo social. Aquel construye poder intercambiando caudal electoral por posiciones de línea o influencia que condicionan las agendas públicas hasta ribetes seriamente expuestos a la improvisación, el desmanejo e incluso la impunidad. En contraste, el liderazgo se referencia en visiones enfocadas a intereses inmediatos particulares y corporativos y, en el mejor de los casos basadas, en valoraciones subjetivas, escasamente informadas y faltas de incentivos para generar alternativas fuera de la retórica.
El estado se financia con impuestos, endeudamiento ó emisión monetaria. Esta última se aceleró de manera estrepitosa con la crisis sanitaria. Los estados subnacionales, provincias y municipios usan las dos primeras y adscriben a la tercera por vía de los acuerdos institucionales. Las emisiones de deuda de Chubut han colapsado sus finanzas y quedó inscripta en la tercera opción, pues su trance es el tipo que el estado nacional auxilia por afinidad partidaria antes que por razones institucionales. Los municipios presionarán por la primera opción, como ya han mostrado, y algunos tentarán la segunda. En tal caso, el papel de las oposiciones y de los órganos de control será de extrema importancia en la justificación de esas posibles operaciones.
Son los contribuyentes quienes cargan con el financiamiento de organizaciones públicas limitadas en su visión, intereses efectivos y capacidades, en una configuración que se explica por complejos fenómenos históricos de nuestra sociedad antes que por la sola voluntad de individuos o grupos de interés. Pero el asunto no es solamente oneroso en términos económicos, sino que apareja un enorme costo de oportunidad toda vez que no destinamos recursos al futuro de la región cuando su sustentabilidad supone acciones y recursos presentes para asegurarla. En definitiva, son los contribuyentes y el propio futuro mismo que compartimos lo que paga un estado de cosas que no muestra todavía inicios de cambio.
Entre otras acciones que la región sigue con atención, se ha fijado un precio interno del barril de petróleo. Barril criollo, en la jerga. Valor artificial establecido siguiendo criterios de política en la materia, esta vez invocando los efectos de la crisis sanitaria. Intereses diferentes entre productores, refinadores y gobiernos provinciales fueron zanjados favoreciendo el de estos últimos antes que el de los contribuyentes y consumidores. Aun cuando artificial, se argumentó que el valor establecido aseguraría un nivel admisible de regalías petroleras para las contraídas finanzas públicas a la vez que contribuiría a alguna medida de preservación del empleo en las provincias productoras.
No se trata de una práctica novedosa. La Ley de Hidrocarburos de la Provincia del Chubut (2012) estableció un Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable asociado a las regalías petroleras. Se distribuye entre los municipios en los que opera la actividad. Combina una distribución directa siguiendo criterios demográficos con el régimen de coparticipación provincial propiamente dicho. Entretanto, los contratos de concesión vigentes prevén la transferencia de fondos a los gremios encuadrados en la actividad. De ese modo, cada instrumento provee un beneficio para grupos y áreas geográficas sobre los intereses del conjunto con menos capacidad de organización y presión.
Los recursos distribuidos por el fondo de compensación de la Ley de Hidrocarburos, entretanto, tienen por destino enunciado las obras de infraestructura y la diversificación productiva. Las obras públicas han sido destino excluyente de su ejecución, incluso cuando existe legislación municipal orientada a la promoción y financiación de nuevos proyectos empresarios. No es casual: mientras las obras sirven a la publicidad oficial cuando comienzan, pueden contribuir al éxito electoral si se inauguran. Todo ello, en principio al menos, en el corto plazo de una gestión provincial ó municipal.
La diversificación y la consolidación de nuevos proyectos empresarios, en cambio, son percibidas como una abstracción que compromete tiempos inciertos difícilmente capitalizables electoralmente. Y esto aun cuando la diversificación económica esté consignada como objetivo explícito de política en las propias cartas orgánicas municipales. Consultados los órganos de control sobre esta divergencia, la refieren como ignorancia del legislador (Sánchez 2019).
Siguiendo estos patrones parece difícil que se operen cambios estructurales en la organización de la actividad productiva cuando se trata de una de las circunstancias a las que nos enfrenta la crisis sanitaria. Esta atestigua, más bien cómo se redistribuyeron habitualmente recursos mediante prácticas que, institucionalizadas, configuran una orientación distante de la creación de riqueza y cercana a la apropiación de rentas.
La irrupción de los contractivos efectos que comenzamos a sufrir sobre la economía y la sociedad, prometen una fricción social que podría erosionar el modelo de construcción de poder en el sistema político regional. Una eventual ruptura prestaría la oportunidad por reorientar las instituciones con mejores incentivos a la generación de riqueza. Proceso que es convergente con el de la economía nacional, supeditada habitualmente a enormes problemas de expectativas devenidas en desequilibrios macroeconómicos.
Conjeturar, como hicimos, que nuestras instituciones están más orientadas a la captura de rentas que a la creación de riqueza no debe entenderse como desalentador, al menos en principio. Como ha sostenido Enrique Dussel (2007a), filósofo de origen argentino miembro de la American Academy of Arts and Sciences, cuarenta o cincuenta años en el desarrollo de una nación es poco tiempo. En tal caso, conviene centrarse en lo que entendamos como los tractores de cambio de cara a lo porvenir.
Nuestras expectativas de futuro están influenciadas por presunciones sobre los efectos ulteriores de la crisis sanitaria y por las dificultades para anticipar la medida en que la política económica nacional contribuirá a superar la volatilidad macro que le es anterior. Ello definirá los impactos reales sobre los niveles de actividad en la región. Esta circunstancia, a priori fuera de nuestro alcance, es un aspecto determinante de cualquier elucubración o ensayo de política pública con pretensión de influir en los niveles de actividad y empleo. Es, a su vez, medida de la consistencia de eventuales propuestas.
En los escenarios de fricción y astringencia de recursos que enfrentaremos a mediano plazo, las acciones para promover capacidades productivas son necesariamente de tipo colectivas. De otra manera su factibilidad, efectividad e incluso su legitimidad quedarán limitadas a la publicidad. La innovación, que ya es un fenómeno colectivo, dependerá de consolidar funciones propias del soporte de la actividad empresarial con proyectos concretos, en un ecosistema empresario real y capaz de promover, asistir y financiar nuevos proyectos. Los niveles de coordinación requeridos son un verdadero desafío para la acción pública.
Entre estos últimos se destaca la vinculación tecnológica, cuya efeméride se celebra anualmente evocando el legado de Jorge Sábato, sin dudas el tecnólogo más influyente de Latinoamérica. Suponerla hoy como soporte de la sustitución de importaciones, como parece estar difundido, merece una revisión. Los escenarios post pandemia implican un serio esfuerzo exportador del que la región y su economía no estarán exentos. Aun cuando no se trate de mercados del exterior, será necesario converger el esfuerzo y capacidades de investigación y transferencia hacia los procesos de mercado reales en la región en procura de mejorar su productividad, o de explorar nuevas actividades, algo posible en la medida en que se adecúen incentivos explícitos para ello.
El gobierno sin información limita seriamente las posibilidades que ofrece la articulación entre instituciones. Reduce a la retórica las políticas con pretensión sobre los niveles de actividad y empleo en cada región. Peor aún, expone a las instituciones públicas a intervenciones soportadas en preferencias por sectores partidarios parciales, grupos de interés y clientelas que terminan malogrando el gasto público. Los estudios más difundidos en el siglo XXI sobre la desigualdad suelen identificar como su fuente a la concentración económica asociada a la globalización. Interpretadas acríticamente para explicar procesos locales, prestan justificación a una amplia gama de consignas proselitistas ocupadas en controlar el estado. Se hace necesario explorar la medida en que organizaciones estatales expuestas al clientelismo y la corrupción operan en el tiempo como fuente de desigualdad. La pretensión por controlarlo no trae aparejada necesariamente la de cambiarlo cuando, como hemos establecido, sus instituciones están orientadas a la captura de rentas y es esto lo que representa el desafío de cambio.
Bajo una intensa publicidad de gobierno empeñada en atestiguar la proactividad y compromiso de sus elencos ante la crisis sanitaria, se suceden procesos más silenciosos aparejando cambios que serán definitivos. Se considera a la crisis un hito histórico para designar su irrupción sobre cualquier proceso anterior, la manera en que los discontinúa, los cambia o simplemente promueve fenómenos nuevos. He ahí la ruptura que apareja. Cualquiera sea la esfera sobre la que se ponga atención, los efectos sociales, políticos y económicos son un desafío para el entendimiento y la acción.
Las nociones de planificación estratégica que veníamos empleando para asistir a la dirección de las empresas han perdido pertinencia relativa. Los acelerados cambios en el comportamiento de los consumidores, los procesos de compra y los de producción y distribución requieren decisiones coherentes con la ruptura. Dinámica estratégica operacional es la perspectiva que facilita la construcción de conocimiento colectivo entre equipos de trabajo enfrentados a niveles inéditos de complejidad, incertidumbre y sobre todo ansiedad. El desafío no es ya funcional. Se trata de la revisión del modelo de explotación económica de cada empresa en particular, sin generalizaciones ni traspolaciones.
Es un escenario que podemos definir como de inmersión digital generalizada antes que de transformación. Se ha disparado una importante compulsión. En ella, la redefinición de los modelos de negocio se basa en el acceso ágil a datos de interés comercial, su procesamiento como soporte de las decisiones, comunicaciones instantáneas con clientes y proveedores más la acción de decisores capaces de recrear productos y servicios. La información y las aplicaciones tecnológicas facilitan el desplazamiento de productos y servicios en estas circunstancias, la comunicación y la mejora de la experiencia del cliente.
Es el caso del simple auto despacho y la entrega a domicilio del restaurante usando plataformas de mensajería, la sensorización de la bioseguridad en grandes superficies comerciales, el seguro automotor ajustado al rodaje efectivo de la unidad, las experiencias de manejo con realidad virtual en la venta de automóviles, o la compilación de datos accesibles en la red para identificar clientes potenciales de servicios financieros, bienes durables o equipamiento. La industria del petróleo y el gas, de incidencia excluyente en la región, había iniciado su transformación digital en períodos anteriores de precios bajos. Hecho esto, hoy deja entrever la reducción de sus costos operativos revisando los convenios de la actividad.
La interfaz entre las consideraciones micro y macro determinan siempre la consistencia de los análisis y recomendaciones en casos reales. Ello requiere ubicarse en cada contexto particular. El descubrimiento de necesidades y la movilización de recursos aplicables al desplazamiento de productos transcurren en procesos de mercado afectados por las circunstancias que leemos a diario en la prensa, que se viven en cada negociación con clientes y proveedores, con las variantes propias de cada sector.
El marco para comprender las posibilidades de expansión empresarial en procesos de mercado impactados en nuestro medio supone al menos tres ejes de exploración. El primero es la propia iniciativa y creatividad y el modo en que se promueve la empresarialidad. Un repaso por los servicios educativos que en los niveles medio y superior suma ciclos lectivos cercenados por finanzas provinciales colapsadas, augura universitarios con menos recursos que las generaciones anteriores. Actividades universitarias relacionadas sin prioridad explícita por el asunto y desplegadas por iniciativas aisladas antes que institucionales, refuerzan la brecha entre educación y empresarialidad.
El segundo es la inestabilidad que sabotea el crecimiento. Eventuales nuevos proyectos tienen en la volatilidad, la incertidumbre habitual por la política económica nacional y la ralentización que transitamos, un serio inhibidor con efectos no ya en relación a la coyuntura sino en las consideraciones de futuro. La contracción actual es el primer tramo de una gran transformación en curso cuyas alternativas son aún difusas, tanto por efecto de la crisis sanitaria misma como por las políticas públicas nacionales desplegadas actualmente.
El tercer eje es la institucionalidad. Hemos referido antes a la manifiesta e histórica dificultad en la región por establecer flujos de información, financiamiento y tecnología hacia nuevos proyectos y empresas. Y sobre cómo el fenómeno se inscribe en la lógica de funcionamiento de un sistema político más orientado a la captura de rentas que a la generación de riqueza. Paradójicamente es la dimensión más controlable por una agenda local y, aún supeditada a las anteriores, ofrece un enorme potencial comenzando por las propias expectativas de futuro en la región.
Estas tres circunstancias son el límite real en la expansión de los niveles de actividad y empleo de la región. Su resolución excede cualquier iniciativa ajena a los procesos de mercado reales, los períodos de gobierno de cualquier administración pública y sus eventuales intervenciones. Invocar una moral de estado que lo pretenda como redistribuidor neutral de recursos en medio de la escasez es una noción que no facilita el abordaje de la realidad que la región tiene por delante.
Lo que opone a la escasez es la generación. De modo que la moral de estado presta justificación a la expansión de la burocracia estatal, pero no facilita las actividades generadoras. Incluso desconoce que el mercado es un proceso de descubrimiento de necesidades y diseño de satisfactores que generan actividades y empleo de los que depende el crecimiento. La región aun cuenta con recursos y capacidades para promover la empresarialidad, la creación de riqueza y el desarrollo de nuevas actividades. Pero no los contará de manera indefinida sin orientar sus instituciones explícitamente a la generación de riqueza.
Sin un abordaje comprensivo de estas circunstancias, no es posible trascender ninguna improvisación ni imprimar cambios reales. Cuando el costo de la improvisación se limita a la ya onerosa dilación en el bienestar de las personas, las familias y las comunidades, las necesidades de cambio aparecen difusas a la opinión pública, a diferencia de cuando amenazan la vida como sucedió en el sur de Chubut, cuando el COVID19 ingresó por el puerto local. Los pensadores del siglo XVIII identificaron esta circunstancia al aseverar que la humanidad está más dispuesta a admitir los males siempre que el dolor sea soportable, que a cambiar las formas a las que está acostumbrada.
En definitiva, los cambios que es necesario introducir en la región procurando mantener sus niveles de actividad y empleo son del primer tipo. Son de difusa necesidad. Lo son porque las circunstancias a modificar, aun cuando tengan graves e insospechadas consecuencias, no tienen los ribetes dramáticos de la crisis sanitaria. Deterioran de manera silenciosa el capital social y la calidad de vida de personas, familias y comunidades a lo largo del tiempo. Remediarlos asocia formas a las que no estamos acostumbrados y que incluso no imaginamos.
Concebir los remedios exige el máximo esfuerzo de comprensión y pluralidad para integrar perspectivas en acciones sostenibles. Analíticamente, el fenómeno admite al menos tres niveles de análisis. El primero es la propia complejidad que enfrentan las empresas. La contracción desatada por la cuarentena es la primera etapa de un proceso que resultará en la reestructuración de sectores. La incorporación de normas de bioseguridad, la integración de medios físicos y digitales así como la concentración económica en procura de escalas rentables serán algunos de los tractores de importantes modificaciones.
Ello remite, dijimos, al modelo de asistencia técnica que se ofrece a las empresas para contribuir a su dirección estratégica. Las nociones conceptuales, metodologías de abordaje y orientación general de los esfuerzos necesitan observar correspondencia estricta con las complejidades que la pandemia configuró de manera irreversible. Deben personalizarse a cada caso para contribuir de manera efectiva a la toma de decisiones. Esta es la vía para facilitar el aprendizaje en escenarios que exigen urgencia, son afectados por múltiples e intrincadas variables y cuya volatilidad los hace inciertos. La contribución efectiva de la asistencia técnica supone la reconstrucción conceptual de los procesos de mercado impactados y la dinámica competitiva asociada, antes que ninguna prescripción.
A esta altura, y este es el tercer nivel, los pretendidos ecosistemas empresarios juegan un papel de extrema relevancia para facilitar u obstaculizar tanto nuevos proyectos como la sobrevivencia empresaria. Hay tal cosa como un ecosistema en la medida en que instituciones y empresas configuren un entramado de relaciones capaces de canalizar información, financiamiento y tecnología a ideas factibles de convertirse en proyectos empresarios o dar materialidad a nuevos planes de empresas en marcha. Cuando instituciones y empresas relevantes como empresas tractoras, universidades, entidades financieras y cámaras empresarias (entre otras) operan sin coordinación se está limitando de manera determinante la potencialidad del conjunto para proveer proyectos capaces de asociar nuevas actividades y empleos que harían sustentable la economía regional.
Anticipar los efectos futuros de la improvisación actual requiere de abordajes que se propongan acoplar capacidades, recursos y talentos en una dinámica colectiva explícitamente orientada a generar riqueza. El manejo de la crisis sanitaria en el sur de Chubut muestra el tipo de efectos que apareja la improvisación. Decisiones intempestivas con impacto en las expectativas del conjunto simplemente inhiben la generación de alternativas.
Es la comprensión del funcionamiento de la economía regional lo que facilitará, de cara al futuro, tanto el diseño de políticas de desarrollo coherentes con los procesos reales de sus mercados como la orientación asertiva de intereses inversores y nuevos proyectos empresarios orientados en explotar nuevas actividades. Se trata de una empresa de vital trascendencia pues las enormes transformaciones del siglo XXI, que la crisis sanitaria aceleró, imponen la revisión del patrón de desarrollo regional. Abordarlo efectivamente requiere tanto trascender las nociones usuales para la comprensión como, sobre todo, los hábitos para el hacer. Se trata de comprender la complejidad de la acción humana en el acontecer doméstico.
Operativamente, supone contextualizar las premisas básicas de la economía del desarrollo en los procesos de mercado reales. La atracción de talento, la de inversiones, así como la investigación y transferencia de tecnología, se materializan particularmente en función de cómo hayamos venido promoviendo la empresarialidad en la educación y la difusión en nuestro medio. Las inversiones y la atracción de talento son una función de la estabilidad del entorno económico y su previsibilidad asociada para facilitar oportunidades al capital y al trabajo. Las instituciones, prestando coordinación de las agendas individuales, condicionan el desarrollo de proyectos empresarios en la medida en que hacen efectivo el flujo de información, financiamiento y tecnología a emprendedores, empresas, tecnólogos e investigadores de mercado.
La región ofrece escasos incentivos en ese sentido. Su sistema político está basado en la transacción entre caudal electoral aportado por los gremios de las actividades extractivas que configuran el patrón de desarrollo regional y el acceso a posiciones de gabinete, poder e influencia, aún prebendas e impunidad en algunos casos, provistos por los elencos de gobierno que incluye a oficialismos y oposiciones indistintamente. La agenda pública, de esa manera, se referenció en intereses corporativos de la dirigencia y, cristalizada a lo largo de décadas, terminó por colapsar las finanzas provinciales. Entretanto, ofreció incentivos claramente orientados a la captura de rentas del estado antes que a la generación de riqueza, que es lo que efectivamente tracciona niveles de actividad y empleo.
La introducción de instrumentos de control social e incluso constitucionales sobre el uso de recursos públicos y el endeudamiento, así como el diseño de políticas de desarrollo, requiere indefectiblemente de la integración de perspectivas e intereses. No es posible la generación de alternativas sin un enfoque plural. Los partidos políticos y los centros de pensamiento juegan un papel importante en esos quehaceres. El problema es que los primeros han reducido su función a la canalización de las aspiraciones de políticos profesionales y militantes con la expectativa de serlo. La región no cuenta con centros de pensamiento capaces de contribuir con criterios de política sectorial. No se debe a la falta de capacidades sino a la de incentivos.
Ello remite a la moral de estado como criterio habitual de la gestión pública. Supone al estado como redistribuidor neutral de recursos. De esta manera se justifica el crecimiento de la burocracia pero no de la generación de actividades que generen riqueza y empleo. La pauperización en nuestro medio tiene un componente determinante en esta situación. Excluido de los tratamientos habituales, las explicaciones suelen traspolar de manera acrítica sus causas en la concentración económica que consignan las lecturas más difundidas sobre el tema. Pero excluyen cómo opera el estado orientado a la captura de rentas. Se trata de un pendiente en la comprensión de las dinámicas locales.
Un programa de investigaciones capaz de hilvanar las conjeturas hechas hasta aquí, ofrece una oportunidad por revisar las nociones habituales utilizadas para abordar nuestras complejidades. Las conceptualizaciones más difundidas se inscriben en hipótesis explicativas que han dejado de dar cuenta de la actualidad de los procesos que pretenden elucidar. Las intervenciones diseñadas en consecuencia no tienen impacto y, cuando se trata de políticas públicas, quedan limitadas a la publicidad y, en sustancia, no trascienden el mero gasto público. La pobreza en nuestro medio parece deberse fundamentalmente a la ineficacia de nuestras instituciones por facilitar la generación de riqueza. En nuestro medio este es dispositivo de la concentración. Es allí hacia dónde vamos.
Dussel, E. (2009). Política de la Liberación. Arquitectónica. México: Universidad Autónoma de Nueva León.
Dussel, E. (2007). Política de la Liberación. Historia Mundial y Crítica. México: Trotta.
García, A. et al. (2019). “El paradigma de la complejidad en Economía: más allá de las leyes y la causalidad lineal”. Cinta de Moebio 61, 80-94.
Sánchez, J. (2019). Enfoques y limitaciones de las iniciativas de desarrollo local: el caso de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Trabajo Final Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo. Convenio UNPSJB - KAS. Argentina.
Zanotti, G. (2012). Caminos abiertos: un análisis filosófico de la Historia de la epistemología de la Economía desde finales del siglo XIX hasta 1982. Apunte de Cátedra. Universidad Austral. Argentina.
